viernes, 4 de abril de 2014

La UE reclama la «clausura, sellado y regeneración urgentes» del vertedero

Publicado en La Verdad (02/04/14). 02.04.14 - 00:44 - / J.G. BADÍA / P. MACIÁ |

La respuesta del comisario de Medio Ambiente al eurodiputado socialista Andrés Perelló impediría que Proambiente pueda reabrir sus instalaciones

Justo cuando Proambiente había resuelto las exigencias de la Consejería de Presidencia y del Juzgado de Instrucción número 4 de Cieza para retomar los vertidos, la mercantil se acaba de topar con un contratiempo mayúsculo: la Comisión Europea. 

Una respuesta del comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, recoge que «la Comisión ha pedido a las autoridades competentes que tomen las medidas necesarias para proceder con urgencia al cierre, sellado y regeneración de todos los vertederos ilegales existentes en el país, incluido el contemplado en la pregunta de Su Señoría». 

Lo dice en alusión a las denuncias y a las preguntas que el eurodiputado socialista Andrés Perelló tramitó en Bruselas, entre junio de 2012 y mayo de 2013, sobre «graves violaciones» de las directivas europeas de vertido de residuos y su gestión, que supuestamente han sido cometidas por el vertedero de Abanilla.

La respuesta de Potocnik se produce después de constatar que «el vertedero no ha admitido más residuos desde el 29 de septiembre de 2011», y de que las autorizadas europeas hayan concluido una investigación. En una de las últimas cuestiones que Perelló tramitó en mayo de 2013, textualmente solicitaba: «¿Podría la Comisión dar información sobre el resultado de sus investigaciones?».

Y la respuesta no ha podido ser más inoportuna para los intereses de la mercantil, ya que se ha conocido después de que el consejero delegado de Proambiente, Antonio Joaquín Fenoll, confirmase que esta semana abonarían dos millones de euros, por la fianza que les había impuesto el juzgado ciezano, para «el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de vertido sobre el vaso 3 de la planta de Proambiente».

Perelló solicitó ayer a los ejecutivos de Murcia y Valencia que «hagan caso al cierre; espero que no actúen como la Camorra napolitana con la basura». En los mismos términos se mostró el secretario de Medio Ambiente del PSRM, Enrique Ayuso, al afirmar que «es el enésimo disparate medioambiental en el que ha incurrido el Gobierno regional y que tendrá que ser resuelto o por la Unión Europea o por los jueces».

Ayuso avanzó ayer que solicitarán la comparecencia del consejero de Presidencia, Manuel Campos, en la Asamblea Regional. El PSRM espera que aclare en qué punto queda ahora la tramitación de la autorización ambiental integrada (AAI), que la Consejería anunció que iba a retomar tras el auto de Cieza para que Proambiente retomase los vertidos en el vaso 3 de Abanilla-Crevillente durante siete años y 76 días más.

El consejero Campos se adelantó ayer a la petición del PSRM y aseguró que «yo entiendo que no nos afecta esta decisión de la Comisión Europea, porque no tenemos notificación y el vertedero de Abanilla no es un vertedero ilegal. Además, no puede existir un proceso de cierre sin abrir un proceso de alegaciones». Campos recordó que desde que dictó el cierre de las instalaciones han informado puntualmente a Bruselas de todos los trámites administrativos de la autorización ambiental integrada y sobre los distintos autos judiciales.

El consejero llegó a subrayar que «la Comisión Europea no sabe lo que hay en Abanilla; es el mejor momento en la historia del vertedero». Y añadió que «hay confusión con la contestación a las preguntas y nosotros aclararemos a Bruselas la situación del vertedero, que no es ilegal».

Tirón de orejas

La cascada de reacciones a la respuesta de Potocnik continuó en el Ayuntamiento de Orihuela. Su primer teniente de alcalde, Antonio Zapata, lamentó ayer que ha tenido que ser «la Unión Europea la que 'tire de las orejas' a la Región de Murcia, a la Comunidad Valenciana y al Estado». El socialista recordó que durante veinte años «ha existido una actividad de vertedero no sujeta a ninguna autorización ni licencia, sin fiscalización ni control por parte de nadie», y avanzó que desde hoy pedirá a la Consejería de Territorio de la Generalitat que «solucione el problema a los vecinos de La Murada».

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